Una polémica emergencia económica y social fue decretada por el actual Gobierno Nacional mediante el Decreto 1390 de 2025, con el argumento de que la crisis fiscal es de tal magnitud que se requiere este estado de excepción para solucionar, pero sin pasar por el Congreso de la República.
¿Por qué decretó el Gobierno el Estado de Emergencia Económica y Social?
Este estado de excepción fue decretado por el Gobierno Nacional para implementar medidas que, generalmente, deben pasar primero por el Congreso de la República, señala que las finanzas del Estado están presentando problemas, que es una situación fiscal grave causada por varios sucesos económicos sobrevinientes y simultáneos que perjudican la situación financiera actual del país.
¿Qué permite esta declaratoria de emergencia económica y social del Gobierno Petro?
Esta declaratoria posibilita que el Gobierno Petro, en los siguientes 30 días, aplique medidas como la creación de nuevos tributos que permitan cubrir el hueco del presupuesto para el presente año 2026 que es de 16.3 billones de pesos.
Faltan por establecer las medidas concretas, pues la Corte Constitucional debe revisar de oficio esta declaratoria.
¿Por qué la Corte Constitucional asumió el control de esta declaratoria de emergencia económica y social?
- La Alta Corte asumió formalmente el control de esta declaratoria de emergencia económica y social, Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, para iniciar la revisión con la práctica de pruebas, pidiendo conceptos a expertos sobre el tema y abriendo el debate ciudadano sobre si es constitucional o no.
- Porque hay un precedente de una declaratoria de emergencia económica y social anterior, también analizada por la Corte Constitucional, donde se concluyó que el Presidente Petro quería solucionar problemas estructurales que no constituían una urgencia real y sin justificar la necesidad de asumir funciones que corresponden al Congreso.
- Igualmente, la Alta Corte anuló parcialmente otra declaratoria de estas cuando se decretó la conmoción interior por causa de la crisis humanitaria ocasionada por el ELN en el Catatumbo.
¿Por qué esta declaratoria de emergencia económica y social es tan controvertida?
- Se plantean inquietudes sobre la argumentación del Gobierno de que el no aprobar las leyes de financiamiento para el año anterior y el actual agravó la falta de liquidez y arriesgó el gasto social, el cumplimiento de obligaciones judiciales y fiscales y la seguridad ciudadana.
- Advierte que se puede presentar una tensión con los principios democráticos y de separación de poderes.
- La Corte pide que se precise la razón por la cual las actuales circunstancias fiscales son calificadas como “excepcionales y agudizadas”.
- Qué estudios técnicos soportan esta calificación y si éstos fueron objeto de análisis por parte de las respectivas autoridades estatales.
- Se pide que el Gobierno analice si, ciertamente, en el caso del presupuesto de suficiencia, agotó los mecanismos ordinarios disponibles y si son suficientes para contrarrestar la crisis.
- Que se explique el por qué posteriormente a que se expidió el decreto declaratorio del estado de emergencia económica y social, se vendieron bonos TES por valor de 23 billones de pesos y asumir una deuda por $152 billones, a pesar de manifestar que tiene limitaciones de endeudamiento y de no contar con mecanismos ordinarios para solucionarlo.
A grandes rasgos, esta emergencia económica y social es controvertida porque causa desconfianza en los empresarios y ciudadanos en general, el no saber realmente por qué la implementación de medidas tributarias que “ahorcan”, saber a ciencia cierta si todos esos recursos se usarán debidamente, con un hueco enorme en el recaudo de impuestos; ojalá la Corte Constitucional acierte con su decisión en beneficio de todos.
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