Al aproximarse las elecciones del año 2026 miles de trabajadores estatales comienzan a preocuparse por la estabilidad de sus contratos, pues entra en vigencia la Ley de Garantías Electorales que impone restricciones y límites a las contrataciones.
¿Qué es la Ley de Garantías Electorales?
“La Ley 996 de 2005 busca garantizar la igualdad de condiciones en los procesos electorales para cargos de elección popular. Evita el uso irregular de los recursos del Estado en las campañas o falta de garantías mediante restricciones y prohibiciones hasta tanto se elija presidente de la República.”
La Ley de Garantías Electorales restringe la contratación pública durante los 4 meses anteriores a la fecha de elección presidencial y hasta que se realice la segunda vuelta, si es del caso, prohibiendo la contratación directa de todos los entes estatales.
¿Cuándo comienza a regir la Ley de garantías?
Las restricciones varían según se trate de elecciones para el Congreso de la República o para elecciones presidenciales, así:
- Para elecciones del Congreso: Desde el 08 de noviembre de 2025 para los convenios interadministrativos.
- Para elecciones presidenciales: La fecha de inicio es el 31 de enero de 2026 para la contratación directa (con la primera vuelta).
¿Cuáles son los aspectos fundamentales que restringe y prohíbe la Ley de Garantías Electorales?
- Para las elecciones del Congreso de la República: Prohibiciones a los servidores públicos para la celebración de convenios y contratación interadministrativa, tal como lo establece el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005
- Para las elecciones del Presidente de la República:
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- Vinculación a la nómina del Estado (Artículo 32 de la Ley 996 de 2005).
- Restricciones a la contratación pública (Artículo 33 de la Ley 996 de 2005).
- Prohibiciones a los servidores públicos para la celebrar convenios y contratos interadministrativos (Parágrafo del Artículo 38 de la Ley 996 de 2005).
¿Cuáles son los aspectos fundamentales que regula la Ley de Garantías Electorales?
- Contratación estatal
- Conducta del personal a cargo
- Gestión de la nómina
- Uso de bienes y recursos públicos
- Supervisión de encuestas electorales
- Control sobre los medios de comunicación
¿Qué otras prohibiciones tiene la Ley de Garantías Electorales?
- Se suspende toda modificación de la nómina en la Rama Ejecutiva a nivel territorial y a nivel nacional previamente a las elecciones presidenciales.
- No se pueden crear ni suprimir empleos, ni incorporar o desvincular personal, a menos que se trate de vacancia definitiva por renuncia irrevocable o causa de muerte, o en caso de cumplimiento de normas de carrera administrativa.
- Prohibición de ejercitar todo tipo de acoso, presión o determinación para influenciar en la voluntad electoral de los subordinados, favorecimiento con ascensos indebidos o promociones a quienes compartan afinidad política
- Está estrictamente regulado el uso de bienes y recursos públicos.
¿Cuál es el objetivo de la Ley de Garantías Electorales?
Garantizar la transparencia y la equidad en los procesos electorales, siendo el principal mecanismo jurídico para impedir el uso indebido de los recursos públicos en las campañas legislativas y presidenciales.
¿Cuáles son las excepciones de la Ley de Garantías Electorales en cuanto a la contratación directa?
Situaciones referentes a:
- Defensa y seguridad estatal
- Emergencias educativas, sanitarias y desastres
- Contratos de crédito público
- Contrataciones esenciales para el funcionamiento de entidades sanitarias y hospitalarias.
- Reconstrucción de infraestructura dañada por atentados o desastres naturales.
- No se restringen las modificaciones, adiciones, prórrogas ni la cesión de contratos ya firmados.
Para finalizar, la Ley de Garantías Electorales además de afectar el sector laboral, afecta el funcionamiento de la economía del país y la prestación de servicios públicos, pues se suspenden los proyectos públicos locales mientras esté vigente la ley; se impacta a empresas, proveedores del ámbito de la construcción y agrupaciones que dependen de la realización oportuna de programas estatales.