La capacidad jurídica es el derecho que tiene toda persona a ser titular de derechos y obligaciones y a ejercerlos por sí misma. En Colombia, este concepto se transformó profundamente con la expedición de la Ley 1996 de 2019, la cual reconoció la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad y reemplazó el antiguo sistema de interdicción por un modelo basado en la autonomía, la voluntad y las preferencias de cada persona.
¿Qué es la capacidad jurídica?
“La capacidad jurídica, en Derecho, es la aptitud de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí misma, sin el ministerio o autorización de otro.”
La capacidad jurídica es la que permite realizar actos jurídicos tales como celebrar contratos, tomar decisiones personales, disponer de bienes, otorgar poderes o para presentarse ante las autoridades.
¿Cuál fue el cambio fundamental introducido por la Ley 1996 de 2019?
Antes de esta ley existía en Colombia el régimen de interdicción, mediante el cual una persona podía ser declarada incapaz para ejercer determinados actos jurídicos y otra persona podía sustituir su voluntad.
La Ley 1996 de 2019 eliminó este modelo y prohibió iniciar nuevos procesos de interdicción o inhabilitación. En su lugar, estableció un sistema orientado a garantizar que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones, contando con los apoyos y ajustes razonables que eventualmente necesiten.
¿La discapacidad significa incapacidad?
Uno de los principales cambios de la Ley 1996 de 2019 fue el de separar los conceptos de discapacidad y capacidad jurídica, señalando que:
- El artículo 6 de la ley establece que la discapacidad no puede ser usada como motivo para restringir la capacidad de ejercicio de una persona. Por ello, no resulta jurídicamente válido concluir que alguien no puede celebrar un contrato, administrar sus bienes o tomar decisiones simplemente porque tenga una discapacidad.
- La persona continúa siendo la titular de sus derechos y, cuando requiera asistencia, esta debe estar dirigida a facilitar su toma de decisiones, no a reemplazar arbitrariamente su voluntad.
- La Corte Constitucional ha reiterado que la capacidad jurídica forma parte del derecho fundamental a la personalidad jurídica y que el ordenamiento debe respetar la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad.
¿Qué ocurre cuando una persona necesita ayuda para tomar decisiones?
La Ley 1996 de 2019 creó el sistema de acuerdos de apoyo, tema tratado en uno de nuestros artículos en el cual dijimos que: “La Ley 1996 de 2019 en su artículo 15 los define así: “Los acuerdos de apoyo son un mecanismo de apoyo formal por medio del cual una persona, mayor de edad, formaliza la designación de la o las personas, naturales o jurídicas, que le asistirán en la toma de decisiones respecto a uno o más actos jurídicos determinados.”
¿La edad avanzada genera incapacidad?
No. El hecho de que una persona sea adulta mayor no significa que haya perdido su capacidad jurídica. La edad, por sí sola, no constituye una causal para desconocer su autonomía ni para impedirle realizar actos jurídicos.
De igual manera, una persona no puede ser considerada incapaz únicamente porque presenta dificultades cognitivas, problemas de memoria o alguna condición relacionada con el envejecimiento.
¿Puede una persona con deterioro cognitivo necesitar apoyos?
Sí. Pero reiteramos que necesitar apoyo no equivale a perder la capacidad jurídica.
La Ley 1996 de 2019 parte de un criterio de necesidad y proporcionalidad. Los apoyos deben responder a las circunstancias particulares de cada persona y estar relacionados con los actos jurídicos para los cuales sean requeridos.
Además, quienes prestan apoyo deben respetar la voluntad y las preferencias de la persona titular del acto jurídico y evitar cualquier forma de influencia indebida, manipulación, amenaza o engaño.
¿Por qué fue necesaria esta transformación?
- El antiguo modelo de interdicción partía de la sustitución de la voluntad de la persona, ocasionando que en la práctica una persona pudiera quedar privada de la posibilidad de decidir sobre aspectos importantes de su vida personal y patrimonial.
- La Ley 1996 de 2019 adoptó un enfoque distinto, acorde con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente con su artículo 12, que reconoce el derecho de las personas con discapacidad al igual reconocimiento como persona ante la ley.
Para concluir, la Ley 1996 de 2019 modificó profundamente la manera de entender la capacidad jurídica en Colombia. La discapacidad, la edad avanzada o una condición cognitiva no permiten, por sí mismas, concluir que una persona carece de capacidad para decidir.
Temas relacionados: